El progreso de nuestro sistema educativo requiere un cambio sustancial en su financiación. La Junta de Andalucía tiene que comprometerse a ello; exigimos, por tanto, una dotación presupuestaria adecuada para garantizar las inversiones necesarias en los centros de titularidad pública y la mejora y dignificación de las condiciones de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores de la enseñanza, aumentando su financiación progresivamente en los próximos cinco años hasta alcanzar un 7% del PIB.

La enseñanza pública es la auténtica garantía de una educación universal y gratuita que debe procurar el progreso en una sociedad democrática, con la participación de todas las personas en condiciones de igualdad. La doble red de centros sostenidos con fondos públicos es una anomalía entre los países de nuestro entorno y una perversión del sistema educativo que empeora la calidad de la educación, alimentando la desigualdad social y detrayendo los fondos públicos necesarios para corregir la escasez de inversiones, el cierre de unidades y la pérdida de puestos de trabajo.

La religión en los centros educativos es un factor de segregación que vulnera los derechos de la infancia y la juventud. Los dogmas religiosos atentan contra el pensamiento crítico y algunas creencias religiosas son incompatibles con los derechos cívicos fundamentales. Apostamos por una educación laica que no contemple la religión como una asignatura, con un currículo libre de adoctrinamiento. Asimismo pedimos la revisión del calendario escolar con criterios pedagógicos y no supeditado a celebraciones religiosas.

Exigimos la aplicación inmediata en los centros docentes de las medidas de la Ley contra la Violencia de Género y de la Ley de Igualdad, así como un plan de choque contra el acoso escolar. Demandamos también la introducción de modificaciones en el currículo con perspectiva de género y el desarrollo y la práctica real de la coeducación, que incluya una formación específica y permanente del profesorado. Reclamamos además, mejoras sustanciales en el terreno de las licencias y permisos relacionados con la maternidad y la paternidad.

Apoyamos un sistema educativo abierto e inclusivo que favorezca la igualdad efectiva entre todas las personas y evite modelos excluyentes y elitistas como el modelo de reválidas y los ránkings de centros. Reclamamos la extinción inmediata de los conciertos con centros educativos que practican la segregación escolar bajo múltiples criterios. Demandamos una dotación presupuestaria que garantice mecanismos de acogimiento lingüístico y una alternativa no segregadora al modelo de bilingüismo en lenguas extranjeras.

Exigimos una nueva ley educativa progresista, inclusiva, compensadora de desigualdades, que no seleccione al alumnado, laica, democrática y que eduque para la igualdad real entre mujeres y hombres, el espíritu crítico y el compromiso con los valores transformadores de la sociedad. Una ley que implemente medidas organizativas y de funcionamiento de los centros educativos basadas en el trabajo en equipo y la toma de decisiones de manera colectiva y atenta a las exigencias de la coeducación y la perspectiva feminista.

Urgimos a la administración que derogue los decretos que ampararon los brutales recortes de las pasadas legislaturas y la aplicación inmediata de las medidas necesarias para la recuperación y el avance en los derechos y las condiciones laborales: aumento de la inversión y la plantilla docente, disminución de las ratios y el horario lectivo, cobertura a la mayor rapidez posible de las sustituciones, despenalización salarial de las bajas médicas, mejoras en la conciliación de la vida laboral, familiar y personal… Exigimos la recuperación del poder adquisitivo y la dignificación salarial de la profesión, el mantenimiento con carácter indefinido de la jubilación voluntaria del profesorado, el cumplimiento estricto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el reconocimiento de todas las enfermedades profesionales según la legislación internacional.

La reducción drástica, a instancias de la Unión Europea, de las elevadas tasas de interinidad, provocadas y mantenidas interesadamente por las administraciones educativas, no puede llevarse a cabo mediante “acuerdos” que eluden la responsabilidad de los poderes públicos y suponen una amenaza para la continuidad en su trabajo de miles de profesoras y profesores. Exigimos, en consecuencia, voluntad política para negociar las reformas legales y las medidas necesarias que garanticen la estabilidad laboral del profesorado interino y su consolidación como funcionario/a de carrera mediante fórmulas como el acceso diferenciado.

El Cuerpo Único es una reivindicación histórica de USTEA. Consideramos imprescindible eliminar la discriminación entre profesionales con una titulación equivalente que desempeñan responsabilidades similares, ya sea en la educación infantil, primaria o secundaria.
USTEA exige la homologación de las retribuciones de todo el profesorado que trabaja en Andalucía y su equiparación con la media del resto de comunidades, eliminando el diferencial en los complementos autonómicos. Seguimos reclamando las cantidades adeudadas al profesorado andaluz, como la devolución de las pagas extra de 2013 y 2014, en virtud de los recortes aplicados en Andalucía en los últimos años.